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La Doctora María Carmelina Londoño, directora del área de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana y directora de la nueva Maestría en Derecho Internacional que esta Universidad comenzará en marzo de 2014, fue entrevistada por la Asociación Colombiana de Estudiantes de Derecho Internacional. Puedes leer la entrevista a continuación, o ir al enlace directo a la entrevista:http://acedicilsa.com/2013/12/09/cuando-la-justicia-nacional-no-cumple-en-colombia-la-comunidad-internacional-tiene-la-obligacion-de-intervenir-maria-carmelina-londono/

En septiembre del presente año defendió, en la Universidad Austral de Argentina, sus tesis doctoral titulada “La prevención de violaciones a los Derechos Humanos: estudio sobre las garantías de no repetición en el sistema interamericano”.

En esta entrevista que concedió a la Asociación Colombiana de Estudiantes de Derecho Internacional (ACEDI-CILSA), la Dra. Londoño aborda temas como el impacto del derecho internacional en los sistemas jurídicos de los Estados, la situación de los Derechos Humanos en Colombia y en la región, así como la formación de las nuevas generaciones de internacionalistas.

ACEDI-CILSA (A-C): En su tesis doctoral, Usted afirma que el Derecho Internacional está produciendo cambios trascendentales en el derecho interno de los Estados. ¿Cómo podemos evidenciar esto?

María Carmelina Londoño (MCL): La influencia del Derecho Internacional en el ámbito interno de los Estados es un fenómeno cada vez más marcado y puede demostrarse de muy diversos modos. Desde el punto de vista del sistema de fuentes del Derecho nacional, nadie pone en duda que el bloque de constitucionalidad revaluó el sistema tradicional y concedió un papel prioritario a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. Pero esa institución no se quedó encapsulada en los tiempos del constituyente de 1991; nuevas figuras de derecho internacional como el control de convencionalidad, las obligaciones de ius cogens y los estándares internacionales han ampliado los efectos irradiadores del Derecho Internacional respecto del quehacer de todos los poderes públicos del Estado. Hoy día puede verse cómo en el debate de los grandes temas del Derecho nacional, tanto el ejecutivo, como el legislativo y el poder judicial están fuertemente ligados a los compromisos internacionales que ha asumido Colombia, bien por los tratados que ha ratificado o por aquellas costumbres esenciales de la comunidad internacional organizada regional o universalmente. En materia de Derechos Humanos, la ascendencia del derecho internacional es muy notoria: la ley de justicia y paz, la ley de víctimas y restitución de tierras y el marco jurídico para la paz –que son algunas de las regulaciones más trascendentales en el curso de la historia de los últimos años del país– ponen de presente que el derecho internacional es una fuente primaria a la hora de definir el contenido y alcance de la normatividad nacional. Fuera de este ámbito, el impulso que el gobierno nacional ha venido dando a los tratados de libre comercio y los procesos de integración regional (como, por ejemplo, la más reciente Alianza del Pacífico) imponen un efecto directo modelador de la infraestructura normativa e institucional del país, que opera en materias tan diversas como derechos laborales, protección ambiental, propiedad intelectual, telecomunicaciones, regulación del agro y la industria, entre muchos otros. Dentro de este amplio escenario, el papel que juegan los tribunales internacionales resulta fundamental, pues las manos de estos jueces concretan modelos específicos en los que el derecho internacional transforma el orden interno.

A-C: Los Derechos Humanos es tal vez el ámbito en el que mejor se observa esa incidencia del Derecho Internacional sobre el Derecho interno de los países. ¿Cómo ha sido la transformación de Colombia en este sentido?

MCL: Si bien es cierto en este ámbito pueden ilustrarse numerosos ejemplos, me parece que su importancia radica no tanto en los números como en la sustancia. Cualquier avance jurídico dirigido a reforzar el valor fundamental de la dignidad humana y promover acciones concretas a su favor, es fundamental en un Estado de Derecho; no importa si tales iniciativas provienen del nivel local, nacional, regional o mundial. En este sentido, no es que los avances en materia de Derechos Humanos sean mejores porque obedecen a derroteros internacionales. De hecho, puede suceder que haya ocasiones en las que el desarrollo interno sea más amplio que el internacional (aunque la verdad esto no es lo corriente en un país como el nuestro). Hecha esta salvedad, creo que en Colombia pueden reconocerse algunos temas relativos a Derechos Humanos en los que el Derecho Internacional ha contribuido significativamente y esto puede verificarse en sentencias de las altas Cortes, exposición de motivos de proyectos legislativos, así como justificación de iniciativas gubernamentales. Algunos de estos temas trascendentales en el contexto nacional son, por ejemplo, las reparaciones a víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos; las directrices para el manejo del desplazamiento forzado interno; los derechos de comunidades indígenas, en particular, aquellos relacionados con la propiedad comunal y la consulta previa; la regulación del uso de la fuerza en combate a la luz del DIH, entre otros.

A-C: Su tesis doctoral hace énfasis en las garantías de no repetición de violaciones a los Derechos Humanos. ¿Qué mecanismos existen para que dichas violaciones no se repitan?

MCL: Mi investigación doctoral se enfocó en la figura de las garantías de no repetición de violaciones a los Derechos Humanos, tanto en el desarrollo jurisprudencial promovido por la Corte Interamericana, como en el marco (aún incipiente) que ofrece el Derecho Internacional Público. Desde la perspectiva interamericana, hice un recuento de ciento setenta medidas resolutorias dirigidas a provocar cambios estructurales en el orden interno de los países latinoamericanos y caribeños, ordenadas por el tribunal regional como “reparaciones” del caso, en la modalidad de “garantías de no repetición”. Aunque desde mi perspectiva, es un error confundir las reparaciones con las garantías de no repetición, en todo caso, esta modalidad de la práctica judicial interamericana es particularmente trascendental: hasta el año pasado, la Corte había ordenado ciento veintisiete resoluciones encaminadas directamente a generar reformas constitucionales y legislativas, a promover la creación de mecanismos y prácticas administrativas, ajustes en los sistemas de administración de justicia y el quehacer de la judicatura, así como la formulación de políticas públicas, todas ellas con el pretendido fin de remediar fallas estructurales que virtualmente podrían prevenir casos repetitivos de violación de los Derechos Humanos. Las fórmulas más comunes de garantías de no repetición en la jurisprudencia regional son las modificaciones legislativas, implementación de mecanismos de control y supervisión, ajustes en prácticas administrativas, la creación de políticas públicas focalizadas y los planes de capacitación de funcionarios del Estado. Durante este siglo la Corte Interamericana ha emitido este tipo de órdenes con efectos generales y hacia el futuro en más del 50% de sus sentencias. Sin embargo, una valoración completa sobre la eficacia de su implementación es aún una tarea pendiente, aunque algunos académicos estamos trabajando en este particular.

A-C: En Colombia sigue vigente, y en ocasiones de forma polarizada, el debate sobre las desapariciones en la toma del Palacio de Justicia. ¿Qué opina sobre la intervención de la CIDH y la CorteIDH en este episodio nacional?

MCL: Cuando la justicia nacional no cumple su papel, la comunidad internacional organizada, no sólo tiene la potestad, sino que tiene la obligación de intervenir para asegurar el derecho fundamental de acceso a la justicia. Si después de 28 años todavía hay incertidumbre para los familiares de las víctimas y para la sociedad colombiana en general sobre los sucesos de la toma del Palacio de Justicia, no cabe duda de la legitimidad de la intervención de los órganos de la OEA, para despejar las contradicciones y reclamos pendientes relacionados con los bienes humanos fundamentales.

A-C: A pesar de las condenas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha impuesto a Colombia, se han presentado sucesos lamentables como los llamados “falsos positivos”. ¿Cuál es la mejor estrategia para evitar este tipo de violaciones?

MCL: Garantizar que este tipo de prácticas inhumanas no se repitan no sólo depende de la implementación de un marco jurídico especial; como todos los problemas sociales, la raíz se encuentra en la cultura. Desafortunadamente este es un país en el que se desprecia la vida de muy diversas formas, por lo que los “falsos positivos” no son un hecho aislado. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico hay mucho por hacer: prevenir diligentemente este tipo de atrocidades supone un régimen que condene de manera implacable estos delitos. Si observamos bien, esto exige la acción articulada de los tres poderes públicos: la política del ejecutivo debe ser ejemplar y radical; la regulación del legislativo debe ser impecable y comprehensiva de todas las modalidades delictivas asociadas a este crimen; la administración de justicia debe ser celera y eficiente.

A-C: En julio del presente año, el presidente Juan Manuel Santos cuestionó la presencia en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Ud. cree que aún se justifica la presencia de la Oficina en Colombia?

MCL: Los mecanismos internacionales de cooperación y monitoreo mientras se mantengan dentro del marco de su mandato, complementan los esfuerzos internos del país y pueden contribuir a su mayor eficacia. En Colombia todavía tenemos mucho que recorrer en materia de Derechos Humanos y, hasta tanto no esté definido un verdadero final del conflicto armado, la violencia seguirá exacerbando los atropellos a la dignidad humana. Una estrategia que combine equilibradamente la acción del Estado y la comunidad internacional puede hacer un aporte significativo a la creación de una verdadera cultura en favor de los Derechos Humanos en nuestro país.

A-C: El fallo de la CIJ en la demanda de Nicaragua contra Colombia y las denuncias por violaciones de Derechos Humanos han despertado el interés de muchos abogados y ciudadanos en el derecho internacional. ¿Cómo observa el conocimiento que los abogados tienen actualmente del derecho internacional?

MCL: La formación en derecho internacional no se logra solamente con la solvencia en temas coyunturales. Por el contrario, quien domina el marco jurídico amplio y complejo que ofrece esta área tiene mayores posibilidades de hacer aportes significativos a los problemas locales, nacionales, regionales y mundiales que demandan una mirada internacional. Ahora bien, estos temas coyunturales tienen la gran virtud de promover nuevas vocaciones de abogados internacionalistas, para ellos, lo importante es aprovechar este boom para estudiar y consolidar una formación muy rigurosa.

A-C: Tras haber culminado su Doctorado en la Universidad Austral de Argentina, ¿cómo ve el nivel de los internacionalistas latinoamericanos?

MCL: Sin desconocer la importancia de figuras individuales que han aportado a la ciencia del Derecho Internacional, en Latinoamérica no existe una tradición histórica fuerte de internacionalistas, ni escuelas consolidadas que promuevan el estudio general del Derecho Internacional. Esta es una deuda que tiene la región para contribuir a su propio desarrollo. ¿Quién duda hoy día que el desarrollo social requiere en buena medida instituciones jurídicas idóneas que lo promuevan?

A-C: La Universidad de La Sabana abrió una nueva Maestría en Derecho Internacional que comenzará en marzo de 2014. ¿De qué manera esta nueva maestría aportará a la formación de los internacionalistas de la región?

MCL: La región latinoamericana y, en general, la comunidad internacional está enfrentando cambios políticos, económicos y jurídicos que abren un espacio para que profesionales preparados en Derecho Internacional presenten soluciones viables, rigurosas y éticas ante esos nuevos retos. Las dinámicas de las democracias de la región, los altos índices de pobreza, los procesos de firma e implementación de tratados de libre comercio, el crecimiento de los negocios internacionales gracias a los procesos de integración, el impacto de proyectos de inversión en el desarrollo social y el medio ambiente, los debates en torno a las reformas estructurales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros, exigen profesionales cualificados reconocidos por su integridad ética, su capacidad analítica y creativa para ofrecer soluciones jurídicas pertinentes. El estudio del Derecho Internacional es cada vez más importante para los estudiantes de Derecho y de carreras afines, que se están preparando para ejercer su profesión bajo un ordenamiento jurídico al cual se aplica el Derecho Internacional de manera transversal y casi sin excepción a las diversas ramas que lo configuran. La Universidad de La Sabana, consciente de esta realidad, ofrece la Maestría en Derecho Internacional a aquellas personas que deseen formarse como internacionalistas con una visión humanista, integral y contextualizada del Derecho Internacional. Este tipo de profesionales tienen un papel estratégico en las organizaciones públicas o privadas puesto que son expertos que dominan el marco general que ofrece el Derecho internacional contemporáneo y, de este modo, son capaces de articular sus principales sub-especialidades, tanto aquellas enfocadas en la protección de la persona humana, como aquellas que regulan las relaciones económicas internacionales.

A-C: ¿Por qué un internacionalista latinoamericano debería preferir una maestría ofrecida en la región frente a una maestría en Europa o Estados Unidos, como es el caso de muchos de los académicos actuales?

MCL: En la respuesta anterior señalaba algunos de los temas cruciales a los que se enfrenta actualmente nuestra región. Los estudios contextualizados suelen dar más herramientas prácticas idóneas para resolver los problemas propios dentro de esos contextos. En este sentido, me parece que no me equivoco si afirmo que nadie puede tener mayor interés en promover el desarrollo de Latinoamérica que los propios latinoamericanos. De ahí que el enfoque del programa de La Sabana de alguna manera responde a esa necesidad sentida (una cierta deuda en la región) de fomentar una visión latinoamericana del Derecho Internacional: un mayor dominio de la región le proporcionará a los profesionales mejores elementos para responder idóneamente a las necesidades particulares de ese contexto y para hacer aportes significativos desde allí al Derecho Internacional general.

A-C: ¿Qué opina de esta iniciativa llamada Asociación Colombiana de Estudiantes de Derecho Internacional – ACEDI?

MCL: Pienso que es una buena prueba para demostrar que los sueños altruistas de la juventud tienen que concretarse en acciones útiles para encausar las energías, las ilusiones y las muchas capacidades que tienen los jóvenes… siempre me alegran este tipo de iniciativas porque me parece que ponen de presente que ese “querer cambiar el mundo” se puede hacer desde el propio lugar que ocupamos en él. ¡Los estudiantes de derecho internacional lo pueden demostrar!

A-C: ¿Qué nos recomienda como asociación?

MCL: Contagiar la fiebre del derecho internacional a muchos y preparar las generaciones de relevo para que aseguren la continuidad de esta importante iniciativa. Creo que conviene también unir fuerzas con asociaciones similares en el país, la región y el mundo para que, sin diluirse, puedan aumentar su potencial.

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