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Lecciones de un diálogo académico*

La justicia transicional hace referencia a cómo los países, que dejan atrás situaciones de conflicto y represión, emplean un sistema de justicia no convencional para enfrentar las violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos del pasado. Se trata de una justicia especial, en el sentido de que se adoptan herramientas jurídicas y políticas excepcionales, con el fin de facilitar cerrar un capítulo de la historia nacional y disponer los mejores medios para construir un futuro de paz.

Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, cuenta con más de diez años de “experiencia en la formulación e implementación de mecanismos de justicia transicional. Entre el año 2005 y la fecha, se han expedido distintas leyes, formulado políticas públicas y puesto en marcha mecanismos de justicia transicional”. Sin embargo ─y como se explicó durante el Panel─, aún son al menos siete los desafíos que enfrenta el país en este tema.

  • Reto 1: Comprender la función de la pena desde una lógica transicional – la sentencia como una garantía de no repetición: las sentencias que sean proferidas por la Justicia Especial para la Paz constituirán relatos articulados que representarán las conductas más graves cometidas durante el conflicto armado e identificarán a sus máximos responsables. El propósito no será investigar y juzgar a cada uno de los responsables sino desentrañar esas estructuras macro-criminales que permitieron y facilitaron, por más de 50 años, las masivas violaciones a los derechos humanos.
  • Reto 2: Fortalecer el diálogo entre los jueces nacionales y los órganos internacionales: la Corte Constitucional ha señalado que, si bien Colombia debe garantizar la verdad, la justicia y reparación de las víctimas, cuenta con un margen de apreciación o discreción para crear los mecanismos de justicia transicional. El gran desafío consiste en que órganos internacionales, como la Corte Interamericana, reconozcan dicho margen y aporten al fortalecimiento del modelo de justicia transicional creado a nivel interno.
  • Reto 3: Profundizar en el rol que jugaron empresarios y políticos en el conflicto armado: garantizar el derecho a la verdad individual y colectiva requerirá evaluar no sólo la responsabilidad de quienes participaron directamente en el conflicto armado, sino también, la de terceros que contribuyeron en la comisión de violaciones masivas a los derechos humanos durante el conflicto armado.
  • Reto 4: Definir la forma en la que operará la reparación a las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz: si bien se ha definido que la JEP (Justicia Especial para la Paz) aportará a la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, aún no es claro cómo se adelantará esta tarea, ni de qué forma podrá articularse con los otros mecanismos existentes en la actualidad.
  • Reto 5: Promover una reparación a las víctimas rápida, integral y efectiva: Aunque la forma teórica en la que se ha concebido la reparación a las víctimas del conflicto armado parece conforme con los estándares internacionales en la materia, el Estado deberá demostrar en la práctica que tales condiciones sí se verifican.
  • Reto 6: Unificar la forma en la que se concibe la responsabilidad de mando: En la actualidad, Colombia tiene dos normas de rango constitucional, que comprenden de forma diferente los elementos que deben configurarse para atribuir la responsabilidad de los superiores militares, ¿cuál de los dos aplicamos?
  • Reto 7: Observar y aplicar los criterios de atribución de responsabilidad desarrollados por la Corte Penal Internacional, para evitar la activación de su competencia: una posible intervención de este órgano internacional afectaría la legitimidad del Acuerdo de Paz y del marco jurídico que se ha desarrollado en materia de justicia transicional.
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