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En lo que ha transcurrido de este semestre, la Universidad de la Sabana, a través de un esfuerzo mancomunado entre su Maestría en Derecho Internacional y su Maestría en Derecho Constitucional, ha propiciado una serie de escenarios en los que se han dado discusiones académicas del más alto nivel entre juristas y expertos de gran talla.

Uno de ellos fue el seminario sobre el tratado de inversiones entre Colombia y Francia. Luego de la sentencia de revisión de constitucionalidad de aquel instrumento, intercambiar visiones sobre un posible “choque de trenes” entre el poder judicial y el ejecutivo se hizo necesario. Lo anterior, en el marco de una orden de la Corte Constitucional que suscitó controversias, por condicionar la firma de un tratado bilateral a que el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, limitara el alcance de ciertos términos del instrumento.

Así las cosas, la Universidad de la Sabana, el 29 de julio de este año, reunió a los más versados para discutir la materia: Carlos Bernal, Magistrado de la Corte Constitucional y Ponente de la Sentencia, Diego González, Magistrado Auxiliar de aquel Despacho, Lucía Solano, Coordinadora del Grupo de Tratados de la Cancillería, Nicolás Palau, Director deInversión Extranjera, Servicios y Propiedad Intelectual del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Eduardo Silva Romero, Jefe del Equipo de Arbitraje Internacional de Dechert LLP, Carolina Olarte, Directora del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho de la Universidad Javeriana y Enrique Prieto, Director de Investigación de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Dicho esto, el seminario se dividió en tres segmentos. Durante el primero,Carlos Bernal, junto con Diego González, su magistrado auxiliar, realizó una contextualización, donde no sólo explicó las partes centrales de aquella sentencia, sino que también pudo mostrar a la audiencia cómo piensa un juez constitucional al interpretar un acuerdo de inversiones. El Magistrado Bernal explicó en detalle los puntos resolutivos del fallo. En ese sentido, precisó que con fundamento en el estándar de razonabilidad, la Corte encontró que el Tratado de Inversiones entre Colombia y Francia era exequible siempre y cuando las Partes realizaran interpretaciones declarativas conjuntas respecto a las clausulas relativas al trato justo y equitativo, las expectativas legítimas del inversionista, entre otros.

El segundo panel, moderado por Carlos Arévalo, consistió en un dialogo interinstitucional sobre el contenido de la sentencia. El espacio inició con la intervención de Lucía Solano quien resaltó que (i) la Corte interfirió en las facultades del Presidente de la República para dirigir las relaciones internacionales al condicionar la ratificación del tratado a una serie de declaraciones interpretativas conjuntas cuyo contenido era unilateral; (ii) la Corte no había tenido en cuenta la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para interpretar el Acuerdo de Inversiones, y (iii) la Corte había utilizado laudos arbitrales como fuente para dotar de contenido las clausulas interpretativas conjuntas, lo cual omitía su naturaleza de fuente auxiliar a la luz del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

Acto seguido, Nicolás Palau, desde una perspectiva de comercio internacional del Estado colombiano, señaló que, si bien podría afirmarse que la sentencia interfiere con las competencias exclusivas del Presidente, no deja de ser relevante la posición que tome Francia frente a la propuesta de Colombia. Según la visión de Palau, la reacción de Francia es realmente lo determinante para efectos del alcance del tratado. Por su parte, Eduardo Silva Romero, en el marco de su experiencia como árbitro y abogado litigante de procesos derivados de controversias en arbitraje de inversión, destacó que las ambigüedades en conceptos como el “trato justo y equitativo” y “expectativas legítimas” pueden llegar a generar dificultades en la práctica. En particular, pueden dificultar la introducción de argumentos a favor del cumplimiento de los estándares de este tipo de obligaciones.

El tercer panel, moderado por María Carmelina Londoño, tuvo la finalidad de mostrar una visión desde la academia. Carolina Olarte afirmó que las interpretaciones de la Corte Constitucional merecen un análisis profundo por parte de la comunidad académica. Enrique Prieto, por su parte, aseveró que la sentencia es un llamado de atención al Estado frente a la necesidad de negociar este tipo de instrumentos de manera reservada. Para Prieto, las negociaciones deben ser socializadas con todo tipo de actores relevantes para la materia.

Con lo anterior, se dio cierre a un enriquecedor espacio de discusión, donde se intercambiaron visiones de una sentencia hitoproferida por la Corte Constitucional en temas de derecho internacional público, derecho constitucional y derecho de inversión.

Por: Nicolás Mayorga, estudiante de la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana