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El pasado 2 de agosto de 2019, se llevó a cabo el panel ‘Activismo judicial y estado de derecho’, que se orientó a identificar en qué medida el Derecho Internacional de Derechos Humanos puede y suele aportar a la consolidación legal e institucional del Estado. Este espacio, organizado por las Maestría en Derecho Internacional y Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana, contó con la participación de Paolo Carozza, profesor de Derecho y director del Instituto de Estudios Internacionales Kellogg en la Universidad de Notre Dame, EE.UU; Sandra Liebenberg, profesora de Derecho en la Universidad Stellenbosch, Sudáfrica y miembro del Comité de DESC de la Organización de las Naciones Unidas (virtual); Juan Cianciardo, profesor de Filosofía de Derecho en la Universidad Navarra, España y Juana Acosta, profesora de Derecho Internacional y directora de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho en la Universidad de La Sabana, Colombia.

En el encuentro, Paolo Carozza resaltó el modelo jurídico de Estados Unidos, en el que la protección de los derechos humanos se entiende como obligación que recae, en primera instancia y de manera prevalen, en los órganos internos y no en la jurisdicción internacional. A su consideración, debe destacarse la implementación del principio de subsidiaridad en el sistema internacional de protección a los derechos humanos, en tanto éste permite armonizar tanto el principio de autodeterminación, como el de dignidad humana.

Juan Cianciardo, haciendo referencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, señaló que era necesario que el CorteIDH aceptara de manera expresa el margen nacional de apreciación; delimitara más el alcance y límites de las garantías de no repetición; recuperara la lógica de lo razonable y frente a los DESC, profundizara sobre el (i) principio de la reserva de lo posible y (ii) del mínimo vital. De lo contrario, a su consideración, el Tribunal Internacional se convertirá en el poder ejecutivo de todos los Estados de la región.

Juana Inés Acosta López, por su parte, indicó que debe fortalecerse el principio de subsidiaridad en el derecho internacional de los derechos humanos; debe promoverse un verdadero diálogo de ‘abajo hacia arriba’ entre los jueces internos e internacionales y, coincidiendo con Juan Cianciardo, tiene que existir un reconocimiento del margen de apreciación. En su exposición hizo referencia al eventual rol que podrían tener los jueces internacionales, en el marco de un proceso de transición como el que adelanta Colombia.

Por último, Sandra Liebenberg, desde su rol como miembro del Comité de DESC, señaló la pertinencia de la aplicación del principio de subsidiaridad, en el derecho internacional de los derechos humanos y relató la forma en la que éste fue aplicado e interpretado, en Sudáfrica, en el proceso de transición. 

 

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