Por: Ana Idárraga, estudiante de la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana

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Mucho se ha dicho sobre la protección de los derechos humanos en tiempos de pandemia, en especial sobre las limitaciones que estos imponen en relación con las medidas de aislamiento y confinamiento impuestas por los Estados. Sin embargo, en países como Colombia, en donde según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para finales de 2019 subsistían cinco conflictos armados de carácter no internacional, la protección a estos derechos humanos debe verse, también, a través del derecho internacional humanitario (DIH).

Uno de los aspectos más importantes a analizar a la luz del DIH es el anuncio del ELN de decretar un cese al fuego unilateral durante el mes de abril, teniendo en cuenta la emergencia por el virus COVID-19. Este anuncio, aunque bien recibido por las comunidades, ha sido opacado por la continuación de la violencia en las regiones y porque el 21 de abril, “Pablo Beltrán”, jefe de la delegación del ELN en Cuba, en entrevista con el Tiempo, dijo que sería difícil prorrogar el cese al fuego unilateral por cuanto la Fuerza Pública los seguía atacando, así que debían defenderse.

Ante esta situación surgen diferentes preguntas ¿impone el DIH la obligación de decretar el cese al fuego en estos escenarios de emergencia sanitaria? ¿qué obligaciones se generan para las partes en conflicto ante esta situación? ¿qué papel juega el DIH en el abordaje que se le debe dar a la emergencia y las medidas tomadas por los Estados?

En primer lugar, vale la pena resaltar que en el DIH el cese al fuego, o cese o suspensión de las hostilidades, es una figura utilizada por las partes en conflicto por diferentes razones, para mostrar la voluntad de terminar con un conflicto armado, como en Colombia entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP; o, como en Irak, Sudan del Sur o en este caso del ELN, por razones humanitarias. Estos pueden ser bilaterales o unilaterales. Y, aunque es una práctica deseable, no existe ninguna obligación para las partes de decretar el cese al fuego, incluso ante la existencia de una pandemia.

En segundo lugar, teniendo en cuenta que, uno de los objetivos del DIH es disminuir las consecuencias humanitarias de los conflictos armados, y que sin duda el desarrollo de un conflicto en el contexto de una pandemia puede tener importantes y diferenciadas consecuencias humanitarias, el DIH tiene mucho que decir ante esta situación. Así lo ha entendido el CICR en su más reciente publicación denominada “COVID-19 and International Humanitarian Law”, en la que se refiere a ciertas categorías claves del DIH que deben ser consideradas en la pandemia, algunas de estas son:

  • Debe garantizarse la protección del personal de salud que, además de atender las consecuencias propias de la guerra, ahora tiene un papel fundamental en la protección de las personas en relación con el COVID-19.
  • Existe una prohibición de atacar las fuentes de agua, en especial por cuanto este recurso es fundamental para enfrentar la pandemia, teniendo en cuenta que una de las principales recomendaciones de la comunidad médica es la de mantener una adecuada higiene personal.
  • Hay una necesidad de atender, proteger y respetar a los grupos especialmente vulnerables por la pandemia, como la población mayor y con enfermedades preexistentes.
  • Respecto de los detenidos, el DIH requiere una protección en términos de salud e higiene, que se ve reforzada por las medidas necesarias que deban ser tomadas en consideración de la pandemia.
  • La necesidad de tomar acciones para proteger a la población desplazada, refugiada y migrantes. Esto en razón de que, esta población suele estar en campamentos que no cumplen con los requerimientos para atender la pandemia.

Así las cosas, las reglas del DIH, aplicables en estos contextos de conflictos armados, deben ser leídas a través de las necesidades propias que impone la pandemia. Y, por tanto, como en estos puntos señalados por el CICR, la aplicación del DIH no debe olvidar las especiales circunstancias por las que pasamos.

En este sentido, atendiendo a que los conflictos armados en Colombia ya generan grandes retos y desafíos para el Estado, en términos de seguridad, salud, economía, entre otros, la llegada del COVID-19 incrementa todos estos retos. Además, la coexistencia de las hostilidades y el COVID-19 pone en grave riesgo a la población civil. Ya que, las hostilidades generan ocupación del sistema de salud, desplazamientos internos y gasto de importantes recursos públicos, todas estas condiciones que obstaculizan la adecuada toma e implementación de medidas para afrontar la pandemia.

En consecuencia, aunque el DIH no impone la obligación expresa de decretar un cese al fuego en estas condiciones, atendiendo al principal objetivo del DIH que es humanizar la guerra, es una actitud que se espera de las partes del conflicto. De no cesar las hostilidades, será fundamental que las partes del conflicto, estatales y no estatales, comprendan que surgen o se redefinen para ellas obligaciones en el marco del DIH, que tienen como objetivo atender a los especiales requerimientos de la pandemia de COVID-19.